Allende y la Nacionalización del Cobre

El Sueldo de Chile

– Una riqueza recuperada por ley y arrebatada por la fuerza –

por Hervi Lara B.

I. El Programa de la Unidad Popular planteaba liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. “Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc…”.

Es así como el pilar central del plan económico de la UP fue la nacionalización sin indemnización de las minas de cobre que, hasta entonces, eran propiedad estadounidense. Sobre la base de esta DOCTRINA ALLENDE, la nacionalización del cobre se aprobó por unanimidad en el Congreso. El 21 de diciembre de 1970, el Presidente Salvador Allende anunció el inicio de los trámites de nacionalización de las minas de El Teniente, Chuquicamata, El Salvador, La Exótica y La Andina. Envió el proyecto de reforma constitucional al Congreso Nacional para anular los compromisos con multinacionales que habían sido adquiridos por la “chilenización del cobre” realizada por el anterior gobierno de Eduardo Frei.

La Gran Minería del Cobre pertenecía legalmente a corporaciones norteamericana y eran respaldadas por el gobierno de su país. Operaban de manera autónoma y aislada siendo, de hecho, enclaves extranjeros. Los campamentos estaban rígidamente divididos: el Barrio Americano era exclusivo para los ejecutivos, ingenieros y técnicos estadounidenses. Los trabajadores chilenos tenían estricta prohibición de ingresar o circular por el American Camp sin autorización, en medio de un férreo control de acceso ejercido por guardias privados. Se exigían pases especiales para ingresar a estos sectores y a todo el territorio “ocupado”. Las decisiones administrativas, comerciales y la vida interna eran dictadas desde las oficinas matrices en Nueva York.

II. El primer proyecto de nacionalización del cobre fue presentado en 1952 por el entonces senador SALVADOR ALLENDE, junto a Elías Lafferte. El segundo proyecto sobre lo mismo lo presentó en 1961. Su objetivo era entregar al Estado un control efectivo sobre la producción y la comercialización del metal. La nacionalización del cobre se concretó el 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional, siendo ya Presidente de la República.

En su histórico discurso del 4 de noviembre de 1971, en el Estadio Nacional, el Presidente señaló que “hemos tenido serios obstáculos en el campo internacional. Hemos herido los poderosos intereses del cobre; lo hemos hecho dentro de las leyes, dentro de los cauces legales, dentro del derecho nuestro. No hemos procedido a conquistar, hemos establecido el camino que debe seguirse para dar o para no dar indemnizaciones. (…) Sin embargo, ya se anuncian las posibles represalias. Se habla de que Chile no tendrá créditos. Se habla inclusive de los organismos multinacionales, donde todos los países que forman parte de ellos tienen derecho, que podrían vetarse los créditos a Chile por haber procedido a nacionalizar el cobre. En el “Journal of Commerce” del 2 de noviembre último, se publican declaraciones del subsecretario del Departamento del Tesoro norteamericano, Charles Walker, en las que reconoce que el volumen de ayuda de Estados Unidos a Chile es relativamente bajo y que el gobierno de su país estaba en condiciones de bloquear los créditos solicitados por Chile a los organismos internacionales. Dijo, además, que estaba seguro de que si Chile en este momento solicitaba algún crédito a un organismo internacional, Estados Unidos votaría contra él.” Y Allende agregó sobre lo mismo: “Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tiene las compañías son 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, estamos pagando una indemnización indirecta de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares”.

Este planteamiento fue complementado ante la Asamblea General de Naciones Unidas (4 de diciembre de 1972), señalando “un agudo contraste: en mi país hay seiscientos mil niños que jamás podrán gozar de la vida en términos normalmente humanos, porque en sus primeros ocho meses de existencia no recibieron la cantidad elemental de proteínas. Cuatro mil millones de dólares transformarían totalmente a Chile. Sólo parte de esa suma, aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria”. En la misma ocasión continuó afirmando que “después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, en los que se reconoce el derecho soberano de cada país de disponer sus recursos naturales en beneficio de su pueblo; después de la adopción de los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo, que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una manifestación del imperialismo. Más sutil, más artera y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano”. “Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del cobre en los países de Europa Occidental, nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese continente basadas fundamentalmente en cobranzas de venta de este metal, se han entorpecido enormemente. Esto ha significado la no renovación de líneas de crédito por más de 200 millones dólares, y la creación de un clima que impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona agudamente todas nuestras actividades en el campo de las finanzas externas”.

III. La Resolución de la Contraloría General de la República N° 529 de octubre de 1971, determinaba que no se pagaría indemnización alguna a las empresas extranjeras. Estas iniciaron una serie de juicios internacionales que se tradujeron en el embargo de muchos embarques de cobre y que ocasionaron serios trastornos a la economía chilena. Consta en documentos oficiales del Senado Norteamericano que la CIA financió a órganos de prensa chilenos, a partidos políticos y a grupos empresariales para desestabilizar al gobierno de la UP, lo que culminó con el golpe de Estado de 1973. Pero la dictadura militar no abolió la nacionalización del cobre. No obstante, sí se han aplicado durante el régimen de Pinochet y después de 1990 una serie de medidas que han distorsionado y desvirtuado diversos conceptos de la Ley de Nacionalización. Pinochet introdujo modificaciones en la organización de CODELCO y suscribió contratos de asistencia técnica favoreciendo a empresas extranjeras. Las empresas nacionalizadas fueron indemnizadas por US$ 500 millones, en tanto que el valor real era de US$ 200 millones. El pago se hizo al contado, en circunstancias que las normas internacionales para estos efectos consideran un pago de 30 a 50 años.

En 1976 se estableció que el 10% del valor de las ventas brutas de cobre se entregarían como fondos reservados a las FFAA. Otra modificación consistió en que los programas de inversión de las empresas de CODELCO deberían ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Hacienda, cercenando las atribuciones que tenía el Ministerio de Minería y el directorio de CODELCO.

En 1992, en el gobierno de Patricio Aylwin, el Senado aprobó la ley de CODELCO sin debate nacional, facultando a dicho organismo para asociarse con empresas extranjeras en la explotación de nuevos yacimientos. El artífice de esta ley de desnacionalización fue Juan Hamilton y el proyecto fue aprobado en el Senado por los votos de tres senadores DC: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Máximo Pacheco y Nicolás Díaz. La mayoría de los senadores DC rechazaron el proyecto, incluyendo a la entonces senadora Carmen Frei. Los socialistas renovados se mantuvieron en silencio. En consecuencia, más de las 4/5 partes de la producción de cobre chileno ha sido devuelto a manos extranjeras, al igual que en la primera mitad del siglo XX.

IV. Eduardo Frei Montalva, gestor de la “chilenización”, además de oponerse a la nacionalización, se negó a adaptar los contratos al alza del precio del metal; descartó el monopolio estatal de las ventas, así como la idea de reservar al Estado los montos superiores al precio de venta y dio aval a préstamos onerosos contraídos por las compañías. La explicación lo ha demostrado el Informe “Covert in Chile”, que revela que la CIA invirtió tres millones de dólares para “influir el resultado de las elecciones presidenciales de 1964”. Y precisa: “Más de la mitad de la campaña del candidato demócrata cristiano fue financiada por Estados Unidos y cerca de cuatro millones de dólares se gastaron en unos quince proyectos de acción encubierta”.

Los convenios de “chilenización” firmados por Frei otorgaban a las multinacionales un régimen especial, habiendo el Estado enajenado sus facultades por 20 años o más. No podía haber nacionalización sin disolver las sociedades mixtas y anular los contratos de “asesorías” que le entregaban el poder real a las compañías. Una ley era insuficiente. La única vía efectiva era una reforma constitucional, que requería mayoría de dos tercios, admitiéndose la revisión de los derechos adquiridos por razones de interés general. Allende decidió bajo dos argumentos: las compañías no podrían acudir a los tribunales para hacer valer sus ventajas y, en caso de rechazo parlamentario, el gobierno podría acudir al plebiscito que, en ese momento, le era fácil ganarlo. El proyecto de nacionalización otorgaba “dominio absoluto” de las riquezas del subsuelo por el Estado y estableció la nacionalización de las minas. La precisión y la justicia de la nacionalización del cobre resultaron inaceptables para USA en su designio global de configurar un orden mundial favorable a su poder dominante por el efecto de demostración internacional de la experiencia chilena. USA necesitaba afirmar y probar al mundo que no aceptaba la existencia de un gobierno capaz de adoptar acciones como la nacionalización del cobre, sin compensaciones y a través de métodos legales que paralizaron o al menos limitaron la capacidad de respuesta de USA.

V. Demostración de lo anterior es el Memorando 93 sobre Seguridad Nacional de Kissinger que afirmaba era “necesario entrar en acción” con el objetivo de reducir y poner fin a la financiación de las exportaciones estadounidense y a las garantías que se brindaba a la inversión de las compañías establecidas en Chile; “ejercer la mayor influencia posible” sobre los bancos multilaterales a fin de que limitaran sus préstamos a Chile y poner fin a los programas bilaterales de ayuda económica; eliminar las reservas de cobre de USA con la intención de socavar con rapidez el precio mundial del recurso más importante de Chile, pues “la reducción de las reservas hará mucho daño a Chile. Puede que sea lo más importante que podemos hacer”, señaló Nixon. Por su parte, Kennecott amenazó con represalias a todos los compradores de cobre chileno, en el momento en que Chile padecía escasez de divisas que consideró conveniente transferir al Banco de Francia el oro que tenía depositado en Nueva York, en el momento de comenzar los efectos del “bloqueo invisible” practicado por USA. La nacionalización del cobre fue el eje del golpe de Estado y de la posterior dictadura militar-empresarial.

El 11 de julio es el DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL. Es el día en que Chile fue dueño de su principal riqueza, esencial para permitir a Chile “desarrollarse progresar, avanzar”. Hoy, el Estado de Chile mantiene menos de un cuarto de la producción de cobre. Esta se ha privatizado y transnacionalizado a compañías de Australia, Reino Unido, Japón, Canadá, bajo el argumento de aumentar la inversión, incorporar nuevas tecnologías y acelerar el crecimiento económico. No obstante, entre los años 2000 y 2024, las empresas aún estatales aportaron US$ 75 mil millones al fisco. Las empresas privadas, que controlan 75% de la producción, aportaron US$ 61 mil millones al fisco. El 80% de los trabajadores del cobre son subcontratados, lo que permite a las compañías reducir los costos laborales, fragmentar la fuerza de trabajo y debilitar la negociación colectiva. De cada 8 horas de trabajo, 7 horas financian las ganancias empresariales y 1 hora se destina a salarios.

A modo de corolario: al día siguiente de asumir el gobierno de Kast, sin difusión pública se firmó una declaración conjunta con USA sobre minerales críticos, enfatizando suministro e inversiones de empresas de USA.

Santiago de Chile, 24 de septiembre de 2026.

I

Una de las principales preocupaciones del gobierno de la Unidad Popular fue la salud del pueblo. Salvador Allende, médico de profesión, en 1939 publicó el libro “La realidad médico-social chilena”, siendo galardonado con el premio Van Buren. En ese momento, la expectativa de vida en Chile era de 25 años como promedio. “De cada veinte niños, uno nace muerto. De cada diez que nacen vivos, uno muere durante el primer mes, la cuarta parte durante el primer año y casi la mitad durante los primeros cinco años”. Pero Allende no sólo diagnosticó, sino que planteó y llevó adelante soluciones integrales: mejoramiento de la alimentación; viviendas dignas; lucha contra el alcoholismo; legislación laboral que previniera los accidentes laborales que hacían estragos entre los trabajadores, por lo que desarrolló la neurocirugía; dio prioridad a la salud de la madre y del niño; combatió la tuberculosis y las enfermedades venéreas. Por lo mismo, siendo Ministro de Salubridad organizó una exposición sobre la vivienda instalada frente al Club de la Unión, sede de la oligarquía

II

Siguiendo con esta preocupación por el desarrollo de la salud iniciada por Allende con perspectiva estructural, en la década de 1940 las políticas de saneamiento, la vacunación y los programas de prevención llevaron a que en 1952 el promedio de expectativa de vida ascendiera a los 51 años. Además, se contuvo la tuberculosis. Tras la unificación de la Dirección General de Sanidad, la Beneficencia y Asistencia Social, el Departamento Médico del Seguro Social y la Dirección de Protección de la Infancia y Adolescencia, en 1953 comenzó a funcionar el Servicio Nacional de Salud, que llegó a ser considerado por la OMS como un ejemplo de salud pública y que fuera asumido por Cuba en el marco de la Revolución. Por tanto, no fue casualidad que, entre 1971 y 1972, la atención hospitalaria se incrementara en 21,5% y más de 65% en los servicios de urgencia. En los tres años de la Unidad Popular la mortalidad infantil bajó de 79 por mil a 63 por mil. La desnutrición infantil descendió en 17%. La ingesta de carne de vacuno subió un 16% y la de cerdo en 18%. Se crearon consejos de salud que incorporaron a la comunidad y a sus organizaciones en las decisiones colectivas. La atención primaria aumentó en creación de consultorios periféricos y la aplicación de atención ambulatoria. Especial relieve tuvo el programa de MEDIO LITRO DE LECHE DIARIO para niños y madres, destinándose 50 mil toneladas de leche en polvo al año. Esta medida fue motivo de mofa y de desprecio de parte de la derecha.

III

El enorme aumento de la demanda puede explicarse porque los trabajadores habían adquirido mayor conciencia de su derecho a la salud y que Allende había promovido a lo largo de su trayectoria: reformas legales relativas al Seguro Obrero Obligatorio; sobre accidentes del trabajo; la asignación familiar; fundó el Colegio Médico del cual fue Presidente durante cinco años; fue profesor de Medicina Social de la Universidad de Chile; director del Boletín Médico de Chile y de la Revista de Medicina Social. Ya en el gobierno, señaló: “En mi patria hay 600 mil niños que tienen un desarrollo mental por debajo de lo normal. Si acaso un niño en los primeros meses de su vida no recibe la proteína necesaria para su desarrollo corporal y cerebral, se va a desarrollar en forma diferente al niño que pudo tenerla”. Para agregar que, entonces, se cae en condiciones de menor valía, lo que es consecuencia de un régimen y de un sistema social que reproduce las desigualdades. (1).

IV

Para implementar la salud del pueblo, la Unidad Popular implementó la atención médica oportuna, junto al alcantarillado; agua potable; calles y aceras pavimentadas; trabajo estable; previsión social sin privilegios, sin pensiones de hambre; jardines infantiles; canchas deportivas; turismo y balnearios populares; alimentación sana. La salud debería ser preventiva, no sólo curativa, pero ambas dimensiones aseguradas. Se llevó adelante también la atención de la salud dental, así como la distribución de los medicamentos sobre la base de estricto control de costos en los laboratorios, entregados en cantidad suficiente y a bajo precio. Se desarrolló la educación física y las prácticas de todos los deportes desde los niveles básicos del sistema educacional y en las organizaciones de jóvenes y de adultos.

V

En paralelo y formando parte del Programa de Gobierno de la Unidad Popular hubo lo que se denominó LAS PRIMERAS 40 MEDIDAS DEL GOBIERNO POPULAR, que se cumplieron casi en su totalidad y que hasta hoy tienen plena vigencia, entre otras: (14) MEJOR ALIMENTACION PARA EL NIÑO: desayuno a todos los alumnos de la enseñanza básica y almuerzo a aquellos cuyos padres no se lo puedan proporcionar. / (15) LECHE PARA TODOS LOS NIÑOS DE CHILE: se aseguró medio litro de leche diaria como ración a todos los niños de Chile. / (16) CONSULTORIO MATERNO-INFANTIL EN SU POBLACION / (17) VACACIONES PARA TODOS LOS ESTUDIANTES: se invitó al Palacio Presidencial de Viña del Mar a los mejores alumnos de la enseñanza básica, seleccionados en todo el país. / (18) CONTROL DEL ALCOHOLISMO: se combatió el alcoholismo no por los medios represivos, sino por una vida mejor, erradicándose el clandestinaje. / (19) CASA, LUZ, AGUA POTABLE PARA TODOS: se realizó un plan de emergencia para la construcción rápida de viviendas, garantizándose el suministro de agua y de luz eléctrica por manzana. / (25) ASISTENCIA MEDICA SIN BUROCRACIA: se eliminaron las trabas de impedimento o que dificultaran la atención médica de imponentes y cesantes.

Las 40 medidas fueron un faro direccional para el conjunto del pueblo y se transformaron en una herramienta indesmentible de un gobierno que propuso un programa destinado a transformar el país, impulsando la participación popular en las responsabilidades.

VI

El medio litro de leche diario para todos los niños fue una realidad y un símbolo demostrativo del estrecho vínculo de los partidos populares con el pueblo. Allende agregó que “nos hemos preocupado de grandes campañas contra enfermedades previsibles en las provincias afectadas por el terremoto, contra las enfermedades endémicas, especialmente las diarreas en el verano; hemos controlado la calidad del agua; se han hecho campañas para erradicar los basurales y limpiar las poblaciones, y el trabajo voluntario de los pobladores ha sido un factor muy importante en las campañas que señalo; hemos democratizado el Servicio Nacional de Salud para complementar al médico con el personal que allí trabaja y para dar acceso a los beneficiarios del servicio, a los trabajadores y a su familia, de tal manera que auténticamente participen ellos también en la defensa de su salud”. (2)

En 1971 y 1972 el gobierno repartió 47 millones de litros de leche a tres millones de niños y, en 1973, a pesar de la crisis económica, se distribuyeron 49 millones a 3.600.000 niños. 30 millones de dólares del presupuesto nacional se destinaron cada año a este programa. Sus efectos fueron inmediatos: en el primer semestre de 1971 el porcentaje de niños hospitalizados que sufría desnutrición pasó del 60% al 8%

VII

El TREN DE LA SALUD recorrió el territorio nacional durante los tres años de la Unidad Popular para proporcionar atención sobre todo a los campesinos y pobladores que carecían de acceso a los consultorios y a los hospitales. Era un tren de doce vagones pintados de blanco con médicos, enfermeras y dentistas, “viajando de noche y trabajando de día, en ocasiones hasta doce horas seguidas. Hemos tocado con nuestras propias manos la miseria fisiológica en los pueblos que, en invierno, durante cinco meses, están aislados del resto del mundo por la nieve o el fango. En cada parada del tren, dos equipos partían en jeep por caminos increíbles – a veces tenían que ser remolcados por bueyes- y trabajaban en una tienda-hospital durante cuatro o cinco días. Algunos pacientes creían que la sarna o los piojos que los devoraban no eran sino una fatalidad de la naturaleza humana. Tan pronto como el tren llegaba, los pacientes comenzaban a hacer colas alrededor para conseguir que los curasen. Tuberculosis, paperas, silicosis (entre los mineros), hemos visto de todo, hemos intentado curarlo todo. Nuestro protésico ha hecho milagros. Solo, sin laboratorios, ha realizado cuarenta prótesis en treinta y un días. Hemos hablado a las gentes, hemos desacralizado la idea del médico -ser superior-, hemos proyectado películas (prevención de la diarrea infantil) hemos instalado bombas de agua, les hemos dado una formación acelerada como socorristas (con el fin de que puedan solucionar lo más urgente). (…) Entre nosotros había socialistas, comunistas, gentes del MIR y del MAPU (disidentes democratacristianos de izquierda), pero la mayoría eran personas sin filiación política. Hemos trabajado como hermanos. Éramos felices. (…) El próximo TREN DE LA SALUD parte dentro de dos meses”. (Testimonio de Haydée Alarcón, dentista. En LE MONDE, 13 de mayo de 1971).

Santiago de Chile, 18 de Agosto de 2026

Durante el gobierno de Salvador Allende, millones de hectáreas dejaron de estar en manos de unos pocos para volver al pueblo que las trabajaba. La Reforma Agraria fue uno de los logros más profundos de la Unidad Popular — y una de las razones por las que la dictadura lo destruyó todo. Esta es su historia

La Reforma Agraria durante el gobierno de la Unidad Popular no fue una transformación aislada, sino un proceso profundo inserto en el conjunto de cambios estructurales que buscaban transformar la sociedad chilena. Entre sus aspectos más relevantes estuvo el establecimiento de los Consejos Campesinos, para que el campesinado participara directamente en las decisiones de política y desarrollo agrario

Aún avanzado el siglo XX, la sociedad rural chilena mantenía una estructura fundada en el predominio del gran latifundio y una jerarquía social rígida, autoritaria y paternalista, herencia de los sistemas feudal y colonial. La Reforma Agraria había sido propuesta por el Frente Popular en 1938, pero una vez en el poder se privilegió la industrialización urbana, postergando al mundo rural. El campesinado comenzó a emigrar a las ciudades, la economía agraria disminuyó su capacidad productiva y el país se vio obligado a importar alimentos. Mientras tanto, el 70% del territorio agrícola permanecía en manos del 1% de la población, en gran medida abandonado

En la década de 1960 la Iglesia Católica repartió sus propias tierras entre campesinos. En 1962 se promulgó la llamada “reforma agraria de maceteros“, impulsada por la Alianza para el Progreso. El gobierno de Eduardo Frei Montalva avanzó con la Ley N° 16.640 de Reforma Agraria y la Ley N° 16.625 de sindicalización campesina, aboliendo así la norma que prohibía organizarse a los trabajadores del agro

Bajo el gobierno de la Unidad Popular, presidido por Salvador Allende, la Reforma Agraria se ejecutó con la legislación heredada del gobierno anterior, pero con una voluntad política sin precedentes. A fines de 1971 se habían expropiado 1.400 fundos con una superficie de 2,5 millones de hectáreas. En 1972, el Estado controlaba el 35% de la tierra agrícola. Hasta septiembre de ese año se expropiaron 2.101 predios, sumando más de 2,8 millones de hectáreas

El proceso no se limitó a la expropiación de latifundios. Abarcó políticas de crédito, asistencia técnica y vivienda para cooperativas, minifundios y pequeños y medianos productores. También incluyó el fomento de agroindustrias y la distribución de productos del campo, conforme al Programa Básico de Gobierno.

La conducción del proceso estuvo a cargo de la Corporación de la Reforma Agraria (CORA), encabezada por Jacques Chonchol; el Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP), y el Instituto de Capacitación e Investigación de la Reforma Agraria (ICIRA), donde trabajaron intelectuales como Paulo Freire. Se crearon los Centros de Reforma Agraria (CERAS) para organizar la producción en los predios expropiados. De manera inédita, el Ministerio de Agricultura se trasladó a la provincia de Cautín para acelerar el proceso desde el centro mismo de la producción agrícola

El gran logro fue la liquidación del latifundio, que durante décadas había frenado el desarrollo económico y social del campo. Durante los años de la Unidad Popular, el Estado llegó a controlar cerca del 80% de la superficie agrícola del país, incluyendo el latifundio más grande del mundo, ubicado en Magallanes. Los campesinos recibieron títulos de dominio sobre sus viviendas y huertos, y derechos sobre los predios cooperativos. Al pueblo mapuche se le aseguraron tierras, junto con asistencia técnica y crediticia.

El propio Presidente Allende lo resumió en el Estadio Nacional el 4 de noviembre de 1971, al conmemorar el primer año de gobierno: “Hemos acentuado y profundizado el proceso de Reforma Agraria; 1.300 predios de gran extensión, 2.400.000 hectáreas han sido expropiadas. En ellas viven 16.000 familias, y hay cabida potencial para 10.000 más“. Y añadió: “Pero si es importante el haber aplicado la Reforma Agraria, lo es más haber hecho que el campesino se sienta ciudadano, y comprenda la gran tarea de estar junto al pueblo para hacer posible que nuestra gente coma más“.

La Reforma Agraria fue concebida de manera inseparable de las transformaciones sociales, políticas y culturales del país. El 50% de los menores de 15 años sufría desnutrición. El sistema agrícola era incapaz de alimentar a los chilenos, pese a tener potencial para alimentar a 30 millones de personas. Cada año se importaban miles de dólares en alimentos. El latifundio era responsable del atraso y la miseria del campo chileno

El Programa Básico de la Unidad Popular fue una estrategia para construir una sociedad justa, independiente y fraterna: “el traspaso del poder de los antiguos grupos dominantes a los trabajadores, al campesinado y sectores progresistas“, poniendo fin al poder del capital monopolista y del latifundio. Salvador Allende cumplió sus promesas. Por haber cumplido sus compromisos fue derrocado y asesinado por las clases privilegiadas y miles de trabajadores rurales y técnicos agrícolas fueron víctimas de secuestro, tortura, asesinato y desaparición forzada

El contraste entre aquel período y el presente es significativo. Los hechos son irrefutables. Sin embargo, muchos seguimos convencidos de que la historia la hacen los pueblos, porque sí es posible una tierra con la riqueza repartida, sin terror ni miseria. No hemos nacido para ser peones ni patrones, sino para la solidaridad. Por ello, debemos arrancar los cercos de la injusticia, hasta que cada uno sea valorizado no por lo que quita, sino por lo que da a los demás.

Santiago de Chile, 28 de julio de 2026