Allende y la Nacionalización del Cobre

El Sueldo de Chile

– Una riqueza recuperada por ley y arrebatada por la fuerza –

por Hervi Lara B.

I. El Programa de la Unidad Popular planteaba liberar a Chile de la subordinación al capital extranjero. “Esto lleva a expropiar el capital imperialista, a realizar una política de un creciente autofinanciamiento de nuestras actividades, a fijar las condiciones en que opera el capital extranjero que no sea expropiado, a lograr una mayor independencia en la tecnología, el transporte externo, etc…”.

Es así como el pilar central del plan económico de la UP fue la nacionalización sin indemnización de las minas de cobre que, hasta entonces, eran propiedad estadounidense. Sobre la base de esta DOCTRINA ALLENDE, la nacionalización del cobre se aprobó por unanimidad en el Congreso. El 21 de diciembre de 1970, el Presidente Salvador Allende anunció el inicio de los trámites de nacionalización de las minas de El Teniente, Chuquicamata, El Salvador, La Exótica y La Andina. Envió el proyecto de reforma constitucional al Congreso Nacional para anular los compromisos con multinacionales que habían sido adquiridos por la “chilenización del cobre” realizada por el anterior gobierno de Eduardo Frei.

La Gran Minería del Cobre pertenecía legalmente a corporaciones norteamericana y eran respaldadas por el gobierno de su país. Operaban de manera autónoma y aislada siendo, de hecho, enclaves extranjeros. Los campamentos estaban rígidamente divididos: el Barrio Americano era exclusivo para los ejecutivos, ingenieros y técnicos estadounidenses. Los trabajadores chilenos tenían estricta prohibición de ingresar o circular por el American Camp sin autorización, en medio de un férreo control de acceso ejercido por guardias privados. Se exigían pases especiales para ingresar a estos sectores y a todo el territorio “ocupado”. Las decisiones administrativas, comerciales y la vida interna eran dictadas desde las oficinas matrices en Nueva York.

II. El primer proyecto de nacionalización del cobre fue presentado en 1952 por el entonces senador SALVADOR ALLENDE, junto a Elías Lafferte. El segundo proyecto sobre lo mismo lo presentó en 1961. Su objetivo era entregar al Estado un control efectivo sobre la producción y la comercialización del metal. La nacionalización del cobre se concretó el 11 de julio de 1971, Día de la Dignidad Nacional, siendo ya Presidente de la República.

En su histórico discurso del 4 de noviembre de 1971, en el Estadio Nacional, el Presidente señaló que “hemos tenido serios obstáculos en el campo internacional. Hemos herido los poderosos intereses del cobre; lo hemos hecho dentro de las leyes, dentro de los cauces legales, dentro del derecho nuestro. No hemos procedido a conquistar, hemos establecido el camino que debe seguirse para dar o para no dar indemnizaciones. (…) Sin embargo, ya se anuncian las posibles represalias. Se habla de que Chile no tendrá créditos. Se habla inclusive de los organismos multinacionales, donde todos los países que forman parte de ellos tienen derecho, que podrían vetarse los créditos a Chile por haber procedido a nacionalizar el cobre. En el “Journal of Commerce” del 2 de noviembre último, se publican declaraciones del subsecretario del Departamento del Tesoro norteamericano, Charles Walker, en las que reconoce que el volumen de ayuda de Estados Unidos a Chile es relativamente bajo y que el gobierno de su país estaba en condiciones de bloquear los créditos solicitados por Chile a los organismos internacionales. Dijo, además, que estaba seguro de que si Chile en este momento solicitaba algún crédito a un organismo internacional, Estados Unidos votaría contra él.” Y Allende agregó sobre lo mismo: “Cuatro cifras para recordar al pueblo. Las compañías invirtieron a lo sumo 30 millones de dólares. En 50 años se han llevado 4.500 millones dólares. A dos compañías hasta ahora, y si no resuelve en contra el Tribunal Especial, se les va a pagar indemnización, y si no resuelve otra cosa el Tribunal, no les pagaremos indemnización a la Anaconda, a la Kennecott ni al Salvador, pero las deudas que tiene las compañías son 736 millones de dólares y lógicamente es previsible que tendremos que hacernos cargo de ellas. Por lo tanto, estamos pagando una indemnización indirecta de 736 millones de dólares a las compañías del cobre que se llevaron en 50 años 4.500 millones de dólares”.

Este planteamiento fue complementado ante la Asamblea General de Naciones Unidas (4 de diciembre de 1972), señalando “un agudo contraste: en mi país hay seiscientos mil niños que jamás podrán gozar de la vida en términos normalmente humanos, porque en sus primeros ocho meses de existencia no recibieron la cantidad elemental de proteínas. Cuatro mil millones de dólares transformarían totalmente a Chile. Sólo parte de esa suma, aseguraría proteínas para siempre a todos los niños de mi patria”. En la misma ocasión continuó afirmando que “después de tantos acuerdos y resoluciones de la comunidad internacional, en los que se reconoce el derecho soberano de cada país de disponer sus recursos naturales en beneficio de su pueblo; después de la adopción de los pactos internacionales sobre derechos económicos, sociales y culturales, y de la estrategia para el segundo decenio del desarrollo, que solemnizaron tales acuerdos, somos víctimas de una manifestación del imperialismo. Más sutil, más artera y terriblemente eficaz, para impedir el ejercicio de nuestros derechos de Estado soberano”. “Como resultado de acciones dirigidas en contra del comercio del cobre en los países de Europa Occidental, nuestras operaciones de corto plazo con bancos privados de ese continente basadas fundamentalmente en cobranzas de venta de este metal, se han entorpecido enormemente. Esto ha significado la no renovación de líneas de crédito por más de 200 millones dólares, y la creación de un clima que impide el manejo normal de nuestras compras en tales países, así como distorsiona agudamente todas nuestras actividades en el campo de las finanzas externas”.

III. La Resolución de la Contraloría General de la República N° 529 de octubre de 1971, determinaba que no se pagaría indemnización alguna a las empresas extranjeras. Estas iniciaron una serie de juicios internacionales que se tradujeron en el embargo de muchos embarques de cobre y que ocasionaron serios trastornos a la economía chilena. Consta en documentos oficiales del Senado Norteamericano que la CIA financió a órganos de prensa chilenos, a partidos políticos y a grupos empresariales para desestabilizar al gobierno de la UP, lo que culminó con el golpe de Estado de 1973. Pero la dictadura militar no abolió la nacionalización del cobre. No obstante, sí se han aplicado durante el régimen de Pinochet y después de 1990 una serie de medidas que han distorsionado y desvirtuado diversos conceptos de la Ley de Nacionalización. Pinochet introdujo modificaciones en la organización de CODELCO y suscribió contratos de asistencia técnica favoreciendo a empresas extranjeras. Las empresas nacionalizadas fueron indemnizadas por US$ 500 millones, en tanto que el valor real era de US$ 200 millones. El pago se hizo al contado, en circunstancias que las normas internacionales para estos efectos consideran un pago de 30 a 50 años.

En 1976 se estableció que el 10% del valor de las ventas brutas de cobre se entregarían como fondos reservados a las FFAA. Otra modificación consistió en que los programas de inversión de las empresas de CODELCO deberían ser sometidos a la aprobación del Ministerio de Hacienda, cercenando las atribuciones que tenía el Ministerio de Minería y el directorio de CODELCO.

En 1992, en el gobierno de Patricio Aylwin, el Senado aprobó la ley de CODELCO sin debate nacional, facultando a dicho organismo para asociarse con empresas extranjeras en la explotación de nuevos yacimientos. El artífice de esta ley de desnacionalización fue Juan Hamilton y el proyecto fue aprobado en el Senado por los votos de tres senadores DC: Eduardo Frei Ruiz-Tagle, Máximo Pacheco y Nicolás Díaz. La mayoría de los senadores DC rechazaron el proyecto, incluyendo a la entonces senadora Carmen Frei. Los socialistas renovados se mantuvieron en silencio. En consecuencia, más de las 4/5 partes de la producción de cobre chileno ha sido devuelto a manos extranjeras, al igual que en la primera mitad del siglo XX.

IV. Eduardo Frei Montalva, gestor de la “chilenización”, además de oponerse a la nacionalización, se negó a adaptar los contratos al alza del precio del metal; descartó el monopolio estatal de las ventas, así como la idea de reservar al Estado los montos superiores al precio de venta y dio aval a préstamos onerosos contraídos por las compañías. La explicación lo ha demostrado el Informe “Covert in Chile”, que revela que la CIA invirtió tres millones de dólares para “influir el resultado de las elecciones presidenciales de 1964”. Y precisa: “Más de la mitad de la campaña del candidato demócrata cristiano fue financiada por Estados Unidos y cerca de cuatro millones de dólares se gastaron en unos quince proyectos de acción encubierta”.

Los convenios de “chilenización” firmados por Frei otorgaban a las multinacionales un régimen especial, habiendo el Estado enajenado sus facultades por 20 años o más. No podía haber nacionalización sin disolver las sociedades mixtas y anular los contratos de “asesorías” que le entregaban el poder real a las compañías. Una ley era insuficiente. La única vía efectiva era una reforma constitucional, que requería mayoría de dos tercios, admitiéndose la revisión de los derechos adquiridos por razones de interés general. Allende decidió bajo dos argumentos: las compañías no podrían acudir a los tribunales para hacer valer sus ventajas y, en caso de rechazo parlamentario, el gobierno podría acudir al plebiscito que, en ese momento, le era fácil ganarlo. El proyecto de nacionalización otorgaba “dominio absoluto” de las riquezas del subsuelo por el Estado y estableció la nacionalización de las minas. La precisión y la justicia de la nacionalización del cobre resultaron inaceptables para USA en su designio global de configurar un orden mundial favorable a su poder dominante por el efecto de demostración internacional de la experiencia chilena. USA necesitaba afirmar y probar al mundo que no aceptaba la existencia de un gobierno capaz de adoptar acciones como la nacionalización del cobre, sin compensaciones y a través de métodos legales que paralizaron o al menos limitaron la capacidad de respuesta de USA.

V. Demostración de lo anterior es el Memorando 93 sobre Seguridad Nacional de Kissinger que afirmaba era “necesario entrar en acción” con el objetivo de reducir y poner fin a la financiación de las exportaciones estadounidense y a las garantías que se brindaba a la inversión de las compañías establecidas en Chile; “ejercer la mayor influencia posible” sobre los bancos multilaterales a fin de que limitaran sus préstamos a Chile y poner fin a los programas bilaterales de ayuda económica; eliminar las reservas de cobre de USA con la intención de socavar con rapidez el precio mundial del recurso más importante de Chile, pues “la reducción de las reservas hará mucho daño a Chile. Puede que sea lo más importante que podemos hacer”, señaló Nixon. Por su parte, Kennecott amenazó con represalias a todos los compradores de cobre chileno, en el momento en que Chile padecía escasez de divisas que consideró conveniente transferir al Banco de Francia el oro que tenía depositado en Nueva York, en el momento de comenzar los efectos del “bloqueo invisible” practicado por USA. La nacionalización del cobre fue el eje del golpe de Estado y de la posterior dictadura militar-empresarial.

El 11 de julio es el DIA DE LA DIGNIDAD NACIONAL. Es el día en que Chile fue dueño de su principal riqueza, esencial para permitir a Chile “desarrollarse progresar, avanzar”. Hoy, el Estado de Chile mantiene menos de un cuarto de la producción de cobre. Esta se ha privatizado y transnacionalizado a compañías de Australia, Reino Unido, Japón, Canadá, bajo el argumento de aumentar la inversión, incorporar nuevas tecnologías y acelerar el crecimiento económico. No obstante, entre los años 2000 y 2024, las empresas aún estatales aportaron US$ 75 mil millones al fisco. Las empresas privadas, que controlan 75% de la producción, aportaron US$ 61 mil millones al fisco. El 80% de los trabajadores del cobre son subcontratados, lo que permite a las compañías reducir los costos laborales, fragmentar la fuerza de trabajo y debilitar la negociación colectiva. De cada 8 horas de trabajo, 7 horas financian las ganancias empresariales y 1 hora se destina a salarios.

A modo de corolario: al día siguiente de asumir el gobierno de Kast, sin difusión pública se firmó una declaración conjunta con USA sobre minerales críticos, enfatizando suministro e inversiones de empresas de USA.

Santiago de Chile, 24 de septiembre de 2026.

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Bibliografía

(1) Programa de la Unidad Popular

(2) Peter Kornbluh, “Pinochet desclasificado”. (Los archivos secretos de Estados Unidos sobre Chile). Editorial Catalonia, Santiago de Chile, 2023

(3) Jorge Magasich, “Allende, la UP y el golpe”. Editorial AUN CREEMOS EN LOS SUEÑOS

(4) Hervi Lara, “Salvador Allende y su combate por la vida”. (Informe sobre la situación de los derechos humanos en Chile. Comisión Etica contra la Tortura, Santiago de Chile, 2008)

(5) Max Nolff, “Salvador Allende”. El político. El estadista. (Documentas, Santiago de Chile, 1993)

(6) Discurso de Salvador Allende a un año de gobierno de la Unidad Popular. Estadio Nacional de Santiago (4 de noviembre de 1971)

(7) Discurso de Salvador Allende en las Naciones Unidas. Nueva York (4 de diciembre de 1972)